Ahora que en el circo del fútbol todo el mundo protesta contra los árbitros en función de cómo le va la feria, estaría curioso dictar una norma para que sólo se pitase un penalti si el equipo perjudicado, el que lo recibiese en contra, reconociera que efectivamente lo ha cometido. Lo mismo la FIFA o la UEFA algún día se animan, pero lo que está claro es que de la Real Federación Española de Fútbol jamás saldrá semejante idea, habida cuenta de que asumir la culpa en el país de los pícaros parece una tarea imposible.
Pues la fe que no tenemos en los futbolistas resulta que sí la tenemos en nuestros bancos. O, por lo menos, la tiene el gobierno que les ha puesto la devolución de las cláusulas suelo, como se suelde decir, a huevo… para sus intereses. El tribunal europeo de justicia dictaminó que ese tipo de cláusulas habían sido abusivas y que se debía devolver todo el dinero que se había cobrado de más a los hipotecados que no se beneficiaron de la bajada del euríbor, por la letra pequeña de los préstamos que firmaron. Sin embargo, los afectados ya saben que, en la mayoría de los casos, deberán pelear su dinero en la inhóspita jungla de los tribunales. La otra opción es esperar a que la entidad bancaria, la que ocultó las cláusulas de forma sibilina, asuma ahora que actuó de mala fe y ofrezca una cantidad compensatoria. Cantidad que amenaza con ser ridícula, si se tiene en cuenta que algunos bancos ya se reservan la opción de hacer una oferta inicial y luego una contraoferta, como dando a entender que, de buenas a primeras, van a soltar lo menos posible. Nuevamente, el ciudadano de la calle se siente desamparado ante los abusos de instituciones poderosas que marcan el paso de nuestras vidas, sin que la administración, da igual del color político que sea, haga nada al respecto a la hora de la verdad.
Sucede ahora con las cláusulas suelo y sucedió con las preferentes. Los bancos que engañaron a sus clientes, que daban los papeles a firmar con las casillas de conocimientos financieros marcadas de antemano, tuvieron la opción de elegir la auditora (la que casualmente les llevaba las cuentas y no vio los desfalcos que se cometieron durante años) que debía decidir a qué cliente se le devolvía algo y a quién no. De nuevo, dime si has cometido penalti y sólo te lo pito en contra si eres heroicamente honesto…
Los bancos son un caso sangrante, pero no es el único. Las eléctricas deben tener agujetas de la risa al ver la cara de los consumidores que se creyeron aquello de que el nuevo sisteman para facturar la luz les iba a beneficiar. Y qué decir de los conductores a los que la administración incitó, incluso con ayudas económicas, a comprar un coche diésel y ahora van como puta por rastrojo para llegar al trabajo cada vez que a la boina de contaminación de su ciudad le da por ponerse torera.
A veces, demasiadas, los políticos generan el problema o dan pie a que se produzca, a continuación constatan el abuso, pero, finalmente, no protegen a los perjudicados. La intervención del Estado en la vida de los ciudadanos no debe ser abusiva, como propugnan algunos trasnochados, pero tampoco tan inexistente o ridícula que acabe siendo un insulto a la inteligencia de los hombres y mujeres de este país. Eso sólo genera auténticos ejércitos de contribuyentes descreídos, que acaban interiorizando que la dimensión colectiva, eso que llaman la cosa pública, sólo sirve para perjudicarles, y nunca al contrario. Así, sin confianza en la justicia, a la larga, no hay sociedad que resista.
Sergio Barbosa 